El Tribunal del juicio que se le sigue a Nicolás Pachelo, por el crimen de María Marta García Belsunce, difirió para el momento de la sentencia resolver cuestiones solicitadas por las partes: por un lado la incorporación de una escucha telefónica del 2003 entre el acusado y uno de sus abogados, y un pedido de detención por falso testimonio de la masajista, entre otros, mientras que ya avaló una ampliación de la acusación para que sea considerado al momento de la sentencia el agravante de alevosía.
Los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin conforman el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, que desde el 13 de julio está juzgando a Nicolás Pachelo (46), y a los exvigiladores José Ramón Ortiz (45) y Norberto Glennon (56), por el homicidio de María Marta García Belsunce (50), asesinada de seis disparos el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar.
Durante las 22 audiencias que lleva el debate oral, los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, y la defensa de Pachelo integrada por Roberto Ribas, Raquel Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordan, presentaron una serie de cuestionamientos y nuevas pruebas que el tribunal decidió dar a conocer sus resoluciones al momento de la sentencia.
Ampliación de la imputación
Uno de los pedidos más importantes que se realizaron durante el juicio fue la ampliación de la imputación a los tres acusados, para que sean juzgados por la comisión de un homicidio doblemente agravado, no solo por «criminis causa» (es decir cometer un homicidio para ocultar otro delito, en este caso el robo), sino también por «alevosía».
Según los fiscales, Pachelo «actuó sobre seguro» para asesinar a María Marta, ya que «se aprovechó del estado de indefensión de la víctima».
Para la fiscalía, el crimen de la socióloga se encuentra encuadrado en los incisos 2 y 7 del artículo 80 del Código Penal argentino, los cuales describen un crimen perpetrado hacia una mujer «con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso», y «para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito», que prevén una pena de prisión perpetua.
El planteo fue avalado por parte del tribunal, pero con la aclaración de que existe una posible condena para el o los culpables, se evaluará si en el fallo condenatorio estará previsto el agravante por alevosía.
La escucha telefónica entre Pachelo y su abogado
Otros de las pruebas aportadas por el Ministerio Público fue una escucha telefónica entre Pachelo y su abogado Ribas de mediados del 2003, que presuntamente estaría vinculado a su participación en el crimen que está siendo juzgado.
Los jueces Ecke, Rossi y Andrejin aceptaron su reproducción durante el debate, pero con la condición de que fuera con la sola presencia de ambas partes y sin público ni periodistas, por lo que durante la audiencia que se trató el tema, la sala fue desalojada.
Finalmente, el tribunal también decidió que quede pendiente la resolución sobre la admisibilidad del llamado como prueba, ya que para los abogados del acusado se estaría vulnerando el derecho de defensa por la incorporación de un diálogo privado.
Detención por «falso testimonio» de la masajista
Luego de la declaración como testigo de la masajista Beatriz Michelini, el fiscal Ferrari también solicitó al tribunal su «inmediata detención por falso testimonio», tras demostrar una serie de contradicciones que presentó durante su relato en relación a anteriores presentaciones en la justicia como imputada de encubrimiento (delito por el cual fue absuelta en el juicio del 2011).
Si bien en un primer momento los jueces no hicieron lugar al pedido de la fiscalía, la parte acusatoria solicitó en una nueva exposición que fuera tenido en cuenta el falso testimonio y añadió el delito de «encubrimiento agravado por ser un hecho grave y sustracción y destrucción de medios de prueba».
Este nuevo delito fue realizado en referencia de las fichas que por sus servicios tenía de María Marta García Belsunce, Inés Dávalos, Guillermo Bártoli y Susan Murray, todas personas vecinas del country Carmel y vinculadas a la causa.
La denuncia de los fiscales y el particular damnificado, representado por los abogados Gustavo Hechem y Sebastián Maison, también involucró a los letrados Ribas y Eduardo Ludueña, quienes fueron defensores de Michelini durante su imputación en el juicio por el que fueron condenados por encubrimiento los familiares Horacio García Belsunce, Guillermo Bártoli y Juan Carlos Hurtig; el médico Juan Gauvry Gordon y el vecino Sergio Binello.
El tribunal avaló que la denuncia se realice en una fiscalía de la justicia ordinaria de San Isidro y puso a disposición de los denunciantes las actas y las filmaciones de la jornada en la cual declaró Michelini como testigo.
La llama al periodista Martín Candalaf
Por último, el tribunal también autorizó que se incaute y examine el teléfono celular de Pachelo para el inicio de una causa por un llamado recibido por el periodista Martín Candalaf, en el cual una voz femenina le hizo referencia a una nota que había escrito para el medio Infobae horas antes y que hacía referencia al imputado.
El afiche del perro «Tom»
Por otra parte, la defensa de Pachelo introdujo como prueba nueva una copia de un afiche que estaría vinculado a la búsqueda del perro labrador «Tom», propiedad del matrimonio Carrascosa-García Belsunce.
Varios testigos afirmaron durante el juicio que la socióloga había recibido llamados a su teléfono fijo pidiéndole dinero por la mascota, pero que en los afiches que pegó en la localidad de Pilar solo figuraba su teléfono celular.
En la prueba introducida por la defensa, aparece una foto del perro junto con un pedido de recompensa y los números de teléfono fijo y celular, por lo que los jueces decidieron preservar la prueba y definir a futuro su incorporación para ser analizada.
La declaración del fiscal Molina Pico
Otro pedido por parte de la defensa del principal acusado es el llamado a declarar al fiscal Diego Molina Pico, el primer fiscal de la causa, a quien se lo acusó de responder a los intereses del cliente de Ribas.
